Tratamiento fiscal y social de los titulares de explotaciones agrarias

  1. Alfredo Luis Diaz Peña
Supervised by:
  1. María Amparo Grau Ruiz Director

Defence university: Universidad Complutense de Madrid

Year of defence: 2016

Committee:
  1. Ramón Falcón Tella Chair
  2. Yolanda Sánchez-Urán Azaña Secretary
  3. Fernando Pérez Royo Committee member
  4. Enrique de Miguel Canuto Committee member
  5. Francisco Félix Clavijo Hernández Committee member

Type: Thesis

Abstract

Esta legislación analiza el marco legislativo actual aplicable a quienes desarrollan una actividad económica en el sector agrario. La propiedad de la tierra encuentra ciertas limitaciones, a causa de su función social. En particular, la evolución de las normas fiscales y de la Seguridad Social en el ámbito de las explotaciones agrícolas muestra cómo el grado de participación del propietario en la actividad es crucial para calcular los rendimientos derivados de sus actividades, tanto principales como secundarias. Tras revisar la estimación de este tipo de rentas el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010), se ha comprobado su importancia para la hacienda pública y la Seguridad Social. Este contexto ayuda a sostener la siguiente tesis: la incompatibilidad ahora en vigor en España entre el disfrute de la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad económica agraria debería eliminarse, al menos si se cumple determinados requisitos. El Sistema de Seguridad Social obligatorio, que reconoce la Constitución española, tradicionalmente ha admitido algunas reglas especiales flexibles en el sector agrario. En la actualidad, no hay una completa correspondencia entre las contribuciones realizadas y la posterior cobertura social, y el régimen jurídico de la pensión de jubilación posee rasgos específicos que deben ser tenidos en cuenta (su revalorización, entre otros). Tras una atenta consideración de los efectos que dicha incompatibilidad tiene en los ingresos y gastos públicos, hay un margen de mejora desde la perspectiva de la gestión económico-financiera pública, siguiendo criterios de sostenibilidad y solidaridad. Además, esta sería una forma de promover la tendencia hacia una mayor responsabilidad social empresarial, recientemente introducida en las Estrategias de la Unión Europea y España. En este sentido, se formula una propuesta coherente para coordinar la normativa fiscal y social en este punto.