Gestión de la calidad en programas de intervención educativa, de seguridad y vigilancia para menores sometidos a la ejecución de medidas judiciales en convivencia

Resumen

Todos los menores deberán beneficiarse de acciones concebidas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de haber cumplido una medida o medidas judiciales, impuestas por los jueces de menores competentes, según establece la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1774/20042, de 30 de julio. A tal fin se deberán establecer procedimientos y acciones especiales. En esos procedimientos y acciones especiales a realizar por la entidad pública directamente o a través de las entidades colaboradoras (pero siempre la competencia de responsabilidad pública) estarán establecidas ciertas actividades esenciales en la ejecución de medidas judiciales en medio abierto. También en lo concerniente a la seguridad y vigilancia que desarrollen empresas competentes y acreditadas. En los centros donde se desarrolla la ejecución de medidas judiciales, se constata la necesidad de hacer posible la implementación de un sistema o sistemas de gestión de la calidad que permita detectar, según la percepción de evaluadores internos (personal) y externos (comunitarios) puntos fuertes y áreas de mejora en base a evidencias obtenidas a partir de información de base, de la forma más participativa y objetiva posible y a través de un proceso continuo o cuando menos temporalizado de forma sistemática. Estos sistemas deberán ser un mecanismo de indudable capacidad de producir cambios, haciendo sentir a los evaluadores que los desarrollan partícipes en el proceso de mejora, porque proyectará la percepción de éstos (aunque no indique por qué lo piensan) y facilitará debates sobre estrategias y medidas correctivas a adoptar permitiendo cuantificar la gestión de la calidad que se lleva a cabo. Pero para ello debe haber voluntad de proponer, desarrollar y evaluar esa calidad. El mensaje de este estudio e investigación es sencillo: los menores sometidos a la ejecución de medidas judiciales en convivencia (medio abierto y/o internamiento), tienen derecho a que los programas y servicios en los que se basan sus actividades y desarrollo rehabilitador, sean diseñados y ejecutados bajo parámetros de calidad total; y ello significa ante todo una búsqueda de soluciones y planteamientos alternativos no privativos de ¿libertad¿ para su elaboración y realización.