Las competencias en los grados de ciencias jurídicas en las universidades españolas

  1. CÁCERES LORENZO, DOLORES OMAIRA
Dirigida por:
  1. Trinidad Arcos Pereira Director/a

Universidad de defensa: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Fecha de defensa: 03 de febrero de 2016

Tribunal:
  1. Emilia Ruiz Yamuza Presidente/a
  2. Blanca Mompeó Corredera Secretario/a
  3. María Regla Fernández Garrido Vocal
  4. Ana Isabel Jiménez Abizanda Vocal
  5. Luis Álvarez Álvarez Vocal

Tipo: Tesis

Resumen

El Proceso de Bolonia surgió en Europa con la vocación de transformar el panorama de la educación superior y, desde el principio, estableció una serie de objetivos que iban a ser cruciales para asegurar la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior. Esta tesis analiza las consecuencias de la Declaración de Bolonia tanto en las instituciones europeas como en las españolas, el papel fundamental de las universidades en la elaboración de los nuevos planes de estudio basados en competencias, así como el de las agencias de evaluación, encargadas de garantizar la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. Consideramos que era momento de realizar un primer análisis de los nuevos grados y de sus resultados, pues ahora se cumple el primer periodo establecido por el Real Decreto 1393/2007 para renovar la acreditación de los títulos oficiales de grado. Nos centramos en el Grado de Derecho, titulación que apenas había sufrido cambios con anterioridad a Bolonia y así podríamos apreciar los inconvenientes y las virtudes del nuevo diseño de los planes de estudio basado en las competencias. Además, cuenta con una regulación específica para el ejercicio de la profesión, lo que nos permitiría analizar conjuntamente las competencias jurídicas propias de la profesión con las específicas del título. Tras el estudio de los planes de diferentes universidades españolas, llegamos a una serie de conclusiones, como que las competencias son muy numerosas y extensas, algunas redactadas de manera farragosa, utilizan verbos que no dan lugar a resultados cuantificables y evaluables, no reflejan las competencias con claridad o rigor. La distribución de las competencias en las asignaturas básicas y obligatorias es muy irregular e incluso no se recogen competencias jurídicas tan importante como la CJ8: “Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda de información…”