La interpretación y aplicación de la Carta Social Europea, en particular, en materia de extinción del contrato de trabajo

Resumen

La Carta Social Europea constituye una referencia axiológica internacional de primer nivel, desde que se aprobara en 1961 y, ahora, en versión revisada, de la mano del Consejo de Europa. Sin embargo, su eficacia jurídica dista mucho de parecerse a la que tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en la misma organización. La Carta está dirigida a los legisladores nacionales y carece de mecanismos jurídicamente coercitivos para forzar su correcta proyección sobre los ordenamientos estatales. A pesar de ello, se han hecho análisis sobredimensionados de este texto internacional, cuyo valor político es innegable, pero que tiene muchas limitaciones en cuanto a la garantía de su cumplimiento. En particular, no puede aceptarse que los órganos judiciales españoles consideren posible inaplicar, o complementar, la norma estatal dispuesta por el legislador, pretendiendo aplicar de forma directa la Carta Social Europea. El denominado "control de convencionalidad" tiene un recorrido bastante reducido, como acaba de remarcar el Tribunal Supremo en dos sentencias recientes.